En los últimos años el discurso político global ha experimentado una transformación, lo que antes se confinaba a debates en redes sociales, hoy ha saltado a la calle con gran agresividad. No hablamos de retórica incendiaria, sino de una amenaza real y tangible: El terrorismo de ultraderecha.
Esa lacra a menudo minimizada y clasificada como “hechos aislados”, constituye hoy uno de los mayores riesgos para la integridad de nuestras democracias. Recordemos lo que pasa cuando un tirano de esos llega al poder para imponer el fascismo, su ascenso está tapizado de muerte y destrucción.
La “lógica” de estos grupos es simplista y peligrosa. Bajo ideologías de odio que promueve un nacionalismo excluyente, el racismo o una interpretación radicalizada de ideologías conservadoras oscurantistas, ellos han definido a su “enemigo”. Periodistas que investigan la corrupción y los vínculos de estos grupos, activistas que defienden los derechos humanos, comunidades migrantes y colectivos LGBTQ se han convertido en los objetivos principales de una violenta campaña de acoso y hostigamiento.
El patrón es consistente, la deshumanización del “otro” a través de los medios de comunicación y las redes sociales utilizando las posverdad y la desinformación, prepara el terreno para la agresión física. Cuando el discurso de odio se normaliza, la distancia entre un comentario en internet y un atentado se acorta drásticamente.
La historia reciente nos ofrece ejemplos que no debemos olvidar, en los Estados Unidos y Europa, hemos sido testigos de tiroteos masivos en lugares de culto y centros comunitarios, perpetrados por individuos alimentados por teorías de conspiración como esa patraña del “Gran Reemplazo”.
En diversas “democracias occidentales”, el hostigamiento, las agresiones físicas y las amenazas de muerte contra periodistas han aumentado en Estados Unidos, España, México, Argentina y Alemania. Lamentablemente los ataques de odio que ocurren son casi ignorados por las autoridades. Ya no se trata solo de censura, sino de intimidación violenta para silenciar el trabajo de investigación. La quema de centros sociales, las agresiones en manifestaciones y el acoso domiciliario a líderes que representan la defensa de los derechos civiles han dejado de ser incidentes esporádicos para convertirse en una estrategia para causar miedo.
El terrorismo de ultraderecha no es un problema de “choque de extremos”, es un ataque directo contra los pilares de los derechos humanos y el Estado de Derecho. La falta de una categorización legal firme en muchas jurisdicciones permite que estos actos sean procesados como delitos menores, evitando que las autoridades gubernamentales investiguen las mafias organizadas que hay detrás de esos malandros.
Si nuestras instituciones gubernamentales no reconocen la magnitud de esta amenaza, están dejando indefensos a todos aquellos civiles que, con su trabajo o su existencia, desafían una visión del mundo basada en el odio, pues incluso existen grupos de odio que se arman de abogados que, tergiversando las leyes, se encargan de acosar a quienes no cuadran con sus ideologías oscurantistas.
El combate contra esta lacra no puede recaer solo en las fuerzas de seguridad. Requiere una respuesta social y política contundente. Es imperativo que los gobiernos y partidos políticos aíslen cualquier forma de violencia y dejen de permitir, y legitimar, discursos que promueven el odio.
Los periodistas y activistas, que son objetivo frecuente de estos crímenes de odio, deben de contar con mecanismos de protección, reales y funcionales. Eso sí, debemos confrontar la narrativa del odio con inteligencia y sabiduría, no debemos ser iguales a ellos, recordando que la historia está llena de ejemplos de cómo el fanatismo, cuando no se detiene a tiempo, termina devorando y destruyendo a toda una sociedad.
Cuando permitimos que la violencia de ultraderecha silencie a una voz crítica o aterrorice a una comunidad, no solo estamos fallando a las víctimas, estamos renunciando a nuestra propia libertad. Es momento de llamar a las cosas por su nombre y actuar antes de que el ruido de la violencia ahogue por completo el diálogo democrático.
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